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Los jesuitas del apostolado social piden impulsar y reformar las políticas sociales en la próxima legislatura

§  “La crisis económica no puede utilizarse como excusa para reducir prestaciones”.

§  Aportan propuestas concretas en materia de exclusión social, inmigración, cooperación internacional y fiscalidad.

Desde su experiencia con colectivos de excluidos de nuestra sociedad y su amplio trabajo en cooperación internacional al desarrollo, los jesuitas del sector del apostolado social presentan hoy en un documento sus reflexiones y propuestas de mejora de las políticas sociales. De cara a la próxima legislatura, quieren contribuir, desde su espiritualidad ignaciana, al debate público y a la reflexión compartida por distintos actores sociales, políticos, económicos y religiosos. Más concretamente, formulan siete propuestas básicas para una revisión de las políticas sociales en su conjunto, desarrollándolas en cuatro áreas:

1. Lucha contra la exclusión social (especialmente de jóvenes y menores)

En este campo el documento propone un gran pacto para la inclusión social, en el que se recupere la persona como sujeto del desarrollo y de la atención social, potenciando las capacidades de las mismas, favoreciendo su “empoderamiento”, escuchando su voz y aportándoles los recursos necesarios para reducir su vulnerabilidad. Señala que la mejor medida de inclusión es la creación de empleo y subraya que “la crisis económica no puede utilizarse como excusa para reducir prestaciones, sino que, al contrario, debe ser ocasión para reforzar el colchón social de apoyo a las personas más vulnerables”. Más concretamente, el documento solicita:

1.      Que a lo largo de la legislatura el porcentaje de gasto en protección social –que en España se sitúa actualmente en torno al 22%– alcance la media europea, es decir, el 27% del PIB.

2.      Que a lo largo de la legislatura se llegue a dedicar un 0,4% del PIB anual a la lucha contra la exclusión social; es decir, duplicar el porcentaje actual y acercarse así a la media europea.

3.      Implantar un sistema universal de garantías de rentas mínimas que potencie, reformule y coordine el actual, que es demasiado fragmentado, poco desarrollado y muy restrictivo.

4.      Medidas concretas que favorezcan la incorporación al mercado laboral de las personas en riesgo de exclusión. Y para ello, desarrollar plenamente la Ley de Empresas de Inserción y dotarla de medios.

5.      Para lograr el derecho de acceso a la vivienda sugiere: penalizar la vivienda vacía, incentivar fiscalmente el alquiler antes que la propiedad y la rehabilitación antes que la obra nueva; o introducir la figura de la dación en pago.                                                                                  

2. Inmigración

En sus propuestas en materia de inmigración en el documento subyacen dos ideas clave: no subordinar la política migratoria a la situación del mercado laboral y considerar la inmigración no como un fenómeno coyuntural, sino como una característica estructural de nuestra sociedad. Entre otras cosas, destacan estas ideas:

1. En materia jurídica: la verdadera puesta en práctica del II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI 2011-2014), del que se congratula. Y, a pesar de las limitaciones y deficiencias de la actual Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España (reformada en diciembre de 2009), pide que en la siguiente legislatura no se emprenda una nueva reforma, sino que se desarrollen las disposiciones de la actual ley y su reglamento.
2. Se pone atención en cómo las trabas administrativas salvables para empadronarse, “supone dejar personas en situación de invisibilidad y de completa exclusión social y económica, mermando su derecho a la salud y a la educación”.
3. Ante la situación de desempleo creciente, se solicita buscar alternativas para procesos largos de integración y regularización que se truncan por causa del paro que dificulta renovar la autorización de residencia temporal.
4. Los baremos económicos exigidos para la reagrupación familiar no pueden convertirse en una regulación restrictiva y, mucho menos, en una barrera encubierta que, de hecho, la impidan.
5. Mientras existan los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), resulta necesario que el nuevo gobierno apruebe, de modo urgente y en consulta con la sociedad civil, un Reglamento de CIE.